En este estudio se cuantifica la política de fomento del cultivo de trigo duro para las ocho zonas tradicionales productoras españolas, y se explica el aumento de superficie cultivada desde 1986 a 1992 mediante técnicas de regresión con la prima compensatoria como variable explicativa.
Como media, el 51 % de los ingresos unitarios del cultivador de trigo duro proceden de subvenciones y el 49 % restante de venta de cosecha.
Esta política introduce seguridad en la planificación de la siembra y en las rentas de los productores. Las subvenciones de explotación juegan un papel de seguro frente a riesgos naturales y de comercialización, y garantiza más de la mitad de los ingresos de explotación al efectuar la declaración de superficies sin esperar a materializar la cosecha.
La eficacia de la respuesta es tal que las poco más de 100.000 hectáreas de 1989 se elevan hasta más de 600.000 en 1992.